La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella en un juzgado de Martorell contra la alcaldesa de Esparreguera, Francesca Fosalba, y el concejal de Medio Ambiente, Pedro Pereño, por presuntamente haber permitido el vertido de aguas residuales contaminadas procedentes de dos urbanizaciones a tres torrentes, según ha confirmado Europa Press.
Según el fiscal, desde antes de junio de 2007 --cuando los querellados tomaron posesión de sus cargos--, las aguas residuales de las urbanizaciones de Mas d'en Gall y Can Rial se vertían, con el conocimiento y consentimiento tanto de la alcaldesa como del concejal, a tres torrentes, afluentes de las rieras de Magarola y Pierola, según ha avanzado este viernes 'El Periódico'.
Pese a que dos de estos torrentes tenían depuradoras, no estaban en funcionamiento, por lo que las aguas se vertían sin tratar de depurarlas.
El fiscal subraya que el Ayuntamiento carece de autorización para verter en estos torrentes, "ni mucho menos para contaminarlos", si bien está gestionando la construcción de un colector por parte de la Agencia Catalana del Agua (ACA).
Asegura que los dos querellados, a pesar de tener conocimiento de los vertidos, no adoptaron medidas para evitarlos, pese a sus responsabilidades como alcaldesa y concejal.
Tras varios análisis se concluyó que los vertidos contaminan el agua, impiden el desarrollo de la vida acuática y suponen un "riesgo grave de contaminación para los acuíferos existentes, limitando los diferentes usos del agua", por lo que les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
MÁS DE MEDIA DOCENA DE QUERELLAS
Durante 2010, la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona se querelló contra más de media docena de ayuntamientos por los mismos hechos, por lo que la querella contra la alcaldesa de Esparraguera se suma a otras interpuestas contra los responsables municipales de seis localidades como Sentmenat (Vallès Occidental), Dosrius (Maresme), Copons (Anoia), Sant Pere de Ribes y Oristà (Osona).
En todos los casos se trata de posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel e inhabilitación especial para el cargo público.
En el caso de que afectara a la salud de las personas podría imponerse una pena de entre 4 y 6 años de cárcel.
En estos momentos, y teniendo en cuenta que la Fiscalía, solo en la provincia de Barcelona, está investigando una decena de casos más, el vertido de estas aguas es uno de los principales problemas con los que se está encontrando la Fiscalía de Medio Ambiente.
Publicat a: elEconomista.es (28/01/2011 - 14:05)
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