El Govern de la Generalitat promoverá un cambio en la legislación para atajar el goteo de 'injustos' procesos judiciales contra alcaldes de diversas localidades catalanas por vertidos de aguas residuales, al entender que los consistorios quedan superados en su tarea de evitarlos por no disponer de los recursos necesarios para construir depuradoras.
En una entrevista con Europa Press, el secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Generalitat, Josep Enric Llebot, ha señalado que es una 'responsabilidad' de la Administración intentar frenar una dinámica 'trampa' que ha generado denuncias contra al menos 15 municipios de Tarragona y Barcelona.
'Los alcaldes pueden ser responsables pero no tienen las herramientas para evitar que esto pase', ha considerado Llebot, al mismo tiempo que ha abogado por cambios puntuales en la ley que permitan pasar por alto aquellos casos en los que la contaminación se produce tan solo por una falta de fondos para acometer las inversiones en saneamiento previstas.
De hecho, la deuda conjunta de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) suma en 2.450 millones de euros, por lo que la actuación de Llebot al frente de Sostenibilidad se centrará en un primer momento en conseguir que la agencia sea 'económicamente viable', lo que pasa obligatoriamente por 'priorizar' inversiones.
Llebot ha distinguido las denuncias puntuales en las que hay un plan aprobado a falta de materializarse --contra las que ya se han manifestado los consejos comarcales del Alt Penedès y del Maresme, además de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC)--, de aquellas en los que las instalaciones de saneamiento estén mal gestionadas, casos para los que ha pedido 'que caiga el peso de la ley'.
La Agencia Catalana del Agua (ACA) aprobó en 2005 el plan de saneamiento de aguas residuales urbanas (Psaru), en sustitución a otro elaborado en 2002, y que preveía la inversión de cerca de 1.000 millones de euros para lograr eliminar la contaminación por vertidos de agua domésticos en el horizonte de 2014, si bien la crisis económica compromete parte de estas actuaciones.
Ante la probabilidad de que la Fiscalía de Medio Ambiente siga aplicando la ley y abriendo nuevos procesos contra alcaldes, Llebot aboga por hablar con dicho organismo judicial 'para que entienda esta situación'.
El responsable de la política medioambiental en el seno del Govern ha considerado 'lamentable' que haya alcaldes imputados por este motivo, del mismo modo que es lamentable que haya vertidos de residuos domésticos y que no haya dinero para acometer las inversiones necesarias.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto hasta la fecha procesos contra los alcaldes tarraconenses de Montbrió del Camp, Constantí y Tivissa, además de los barceloneses de Sant Quirze del Vallès, Vacarisses, Lliçà de Munt, Dosrius, Sentmenat, Vallirana, Copons, Sant Pere de Ribes, Esparreguera, Oristà, Tordera y Sant Esteve Sesrovires.
La imputación, según el artículo 325 del Código Penal, contempla penas de cárcel de entre seis meses y cuatro años, además de multa e inhabilitación especial de uno a tres años para ejercer cargo público.
La mayoría de estos procesos se incoaron entre 2009 y 2010, si bien la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona ya anunció a finales del año pasado que se estaban investigando al menos una decena de casos más, por lo que podrían iniciarse nuevos casos este año.
Publicat a Terra Noticias/Europa Press el 5 de març
Entre amiguitos se cubren las espaldas.....
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